Nuevo reglamento de la DGCP permitirá evaluar riesgos de proveedores y reducir trámites en compras públicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió el Reglamento Núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), una normativa que busca modernizar el sistema de compras públicas, simplificar los procesos y fortalecer los mecanismos de control en la contratación estatal.

El instrumento, aprobado por el director general de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, forma parte de los reglamentos derivados de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, y tiene como objetivo regular el funcionamiento del RPE, transformándolo en una base de datos más eficiente y segura.

Entre los principales cambios, la normativa incorpora un sistema de interoperabilidad entre instituciones, que permitirá al Estado validar información de los proveedores a través de entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las Cámaras de Comercio, reduciendo la necesidad de solicitar documentos que ya reposan en el sistema público.

“Estamos eliminando obstáculos que carezcan de utilidad práctica… aseguramos que ningún interesado pierda su derecho a participar por falta de conocimiento técnico o trámites innecesarios”, afirmó Pimentel.

Además de la simplificación de procesos, el reglamento introduce mecanismos de control basados en la evaluación del perfil de los proveedores. En ese sentido, establece un “enfoque basado en riesgos”, que permitirá aplicar “procesos diferenciados de verificación de debida diligencia, en función del nivel de riesgo asociado al proveedor” .

La normativa también contempla que la debida diligencia incluya “el proceso de supervisión, verificación e investigación” por parte de la DGCP sobre los proveedores del Estado , lo que refuerza el carácter preventivo del sistema ante posibles irregularidades.

Otro de los aspectos destacados es la inclusión de medidas para facilitar el acceso de sectores productivos, como las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como pequeños productores y agricultores familiares, mediante requisitos simplificados de inscripción y actualización en el registro.

Asimismo, se establecen condiciones especiales para el alquiler de inmuebles al Estado y se otorga plena validez a la firma digital o electrónica, como parte del proceso de modernización del sistema.

El reglamento entrará en vigencia en un plazo de 90 días hábiles, con una implementación progresiva a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Con estas medidas, las autoridades buscan no solo agilizar los procesos, sino también fortalecer la transparencia y la integridad en el uso de los recursos públicos.

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