Revisarán archivo del MP en caso por presunta distracción de US$9 MM

Foto: Suprema Corte de Justicia

El 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca dejar sin efecto el controvertido archivo dispuesto por el Ministerio Público en torno a una querella por presunto abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores. La acción fue interpuesta por las entidades Ilmex LTD y Dolwen LTD, inversionistas extranjeros que alegan haber sido defraudados por más de US$9 millones.

En el centro del expediente figuran Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el conglomerado Grupo Metro, AIC International Investment Limited, Lajun Corporation y el empresario jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chin, uno de los magnates más influyentes del Caribe y propietario del 60% del National Commercial Bank (NCB) Jamaica.

Archivo sin investigación previa

De acuerdo con la objeción, la fiscal Ivelisse Casado ordenó el archivo definitivo del caso de manera inesperada y sin haber realizado diligencias básicas. Los querellantes afirman que no se interrogó a ninguno de los implicados ni se investigaron los hechos denunciados, a pesar de la complejidad financiera del esquema.

La decisión provocó la reacción de las víctimas, que ahora solicitan reabrir el expediente y retomar la investigación penal.

Esquema financiero bajo cuestionamiento

El expediente describe una operación estructurada mediante la emisión de “papeles comerciales”, un mecanismo que, según la querella, no contaba con autorización de los organismos monetarios y regulatorios dominicanos para captar fondos del público.

Los US$9 millones habrían sido entregados bajo la garantía corporativa del Grupo Metro, respaldada por activos del conglomerado y sus empresas vinculadas. Sin embargo, el sometimiento alega que, tras recibir los fondos, los imputados ejecutaron un “contubernio fraudulento” que incluyó:

• Vaciar las empresas que servían de garantía. 
• Trasladar activos valiosos a otras sociedades relacionadas. 
• Crear una condición deliberada de insolvencia para impedir la recuperación del capital invertido.

Los abogados sostienen que estas maniobras no solo constituyen abuso de confianza, sino que también configuran lavado de activos, al presuntamente intentar ocultar el origen y destino de los fondos.

Un caso que pondrá a prueba el sistema judicial

El tribunal deberá determinar ahora si la decisión de la fiscal Casado cumplió con los requisitos legales o si, por el contrario, existen elementos suficientes para reabrir el proceso penal contra los señalados.

El resultado de esta objeción podría convertirse en una prueba de fuego para la credibilidad del sistema de justicia dominicano frente a delitos financieros de alto perfil que involucran actores económicos poderosos, tanto locales como extranjeros.