Los 10 imputados de pertenecer a una supuesta red de corrupción administrativa recibieron este jueves medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario parte una parte de ellos, y de impedimento de salida del país para otros, informó el procurador adjunto, Wilson Camacho.
El fallo lo dictó el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que acogió el pedido del Ministerio Público de declarar la complejidad del proceso.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Camacho dijo ayer que el Ministerio Público había presentado al tribunal pruebas irrefutables sobre la supuesta participación de los acusados en la trama de corrupción que afectó a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
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