WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una nueva política de seguridad nacional agrícola que prohíbe la adquisición de tierras de cultivo por parte de inversores chinos y otros considerados «adversarios extranjeros», además de contemplar la recuperación de propiedades ya adquiridas por estas entidades.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, presentó el Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola durante una conferencia conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Rollins advirtió que algunas compras de tierras por potencias rivales pueden convertirse en «armas» contra Estados Unidos, con posible uso para actividades de inteligencia o interferencia en la cadena alimentaria.
Según datos oficiales, los inversores chinos poseen actualmente más de 121.405 hectáreas de tierras agrícolas estadounidenses, una fracción mínima que representa menos del 0,02% del total nacional. Sin embargo, las autoridades expresan preocupación por la concentración estratégica de estas propiedades cerca de bases militares sensibles.
Rollins confirmó que el gobierno revisará «todas las opciones» para recuperar terrenos ya adquiridos mediante una próxima orden ejecutiva. Además, el Departamento de Agricultura exigirá informes más rigurosos sobre estas transacciones y aplicará multas de hasta el 25% del valor de la tierra por omisiones en las declaraciones.
El secretario Hegseth aclaró que el Pentágono impedirá ventas de tierras cercanas a instalaciones militares a inversores de países adversarios. «No pueden asumir que no estamos vigilando», señaló durante la rueda de prensa.
La iniciativa cuenta con respaldo legislativo bipartidista. Avanzan proyectos como la Ley de Revisión del Riesgo Agrícola y la Ley de Tierras Agrícolas, que exigirían informes sobre adquisiciones que superen determinados umbrales y establecerían un registro público de transacciones.
Varios estados han implementado restricciones similares en años recientes. Arkansas, Florida, North Dakota y Montana llevan tiempo limitando la compra de tierras por extranjeros, especialmente en zonas sensibles. En 2023, Arkansas obligó a una compañía china a vender 65 hectáreas y pagar una multa de 280.000 dólares por no declarar la compra.
Entre los casos más emblemáticos figura Smithfield Foods, propiedad del grupo chino WH Group desde 2013, que actualmente retiene cerca de 35.000 hectáreas tras vender más de 16.000 el año pasado. La empresa asegura mantener independencia operativa y gestión local.
Según reportes, el plan contempla la cancelación de más de 700 contratos de investigación y cooperación con entidades vinculadas a China, incluyendo proyectos sensibles relacionados con el Instituto de Virología de Wuhan.
La política también busca asegurar las cadenas de suministro mediante evaluaciones de sistemas de bioseguridad, prevención de fraude alimentario y elevación de estándares de investigación agroalimentaria para evitar infiltraciones exteriores.
En la misma conferencia, Rollins confirmó que no habrá amnistía para trabajadores agrícolas indocumentados, aunque se promoverá la automatización y se contará con reservas ampliadas de mano de obra estadounidense.
La medida se enmarca en el enfoque «América Primero» del gobierno de Trump. Mientras críticos argumentan que podría desalentar inversiones extranjeras legítimas y tensar relaciones comerciales, sus defensores sostienen que proteger la integridad del sistema alimentario y la seguridad de instalaciones militares constituye un imperativo nacional.
About The Author
You may also like
-
La Fed resiste a la presión y deja los tipos sin cambios en su rango del 4.25 al 4.5 %
-
Ataque armado de pandillas en funeral deja siete muertos en Guatemala
-
Un terremoto de magnitud 8,8 en Rusia provocó alertas de tsunami en el Pacífico
-
Agotados y mal equipados, los soldados ucranianos se enfrentan a un alud de drones rusos
-
Los últimos acontecimientos de la guerra en Gaza
