PLD dice gobierno transfirió mil millones de contrato de Aerodom a Senasa pese a denuncias de corrupción

Rueda de prensa del PLD I Foto: PLD

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, emplazó al gobierno a explicar la transferencia de mil millones de pesos provenientes del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) hacia Senasa, institución donde, según el dirigente político, se conocía de malversación de fondos.

Lorenzo recordó que el director de Senasa había denunciado corrupción en la entidad, y consideró que el movimiento de recursos constituye una grave irregularidad al no ser aprobada por el Congreso Nacional.

El dirigente también cuestionó la falta de sanciones y acciones correctivas por parte del gobierno. «Lo que ocurrió en Senasa fue denunciado el año pasado por el propio gobierno y no ha tenido ninguna consecuencia», señaló.

Asimismo, emplazó al gobierno a informar sobre el destino de 16 millones de pesos relacionados con el nuevo contrato con Aerodom y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). «Hoy inicia un programa de la Dirección General de Integridad Gubernamental denominado Derecho a Saber. Su motivación es clara: el derecho a saber no es un privilegio, es una obligación de quienes gobiernan», destacó Lorenzo.

El contrato estipulaba que, en un plazo de 18 meses, el AILA estaría remozado, pero a su juicio, «parece que no se gastó un solo centavo», ya que el aeropuerto se encuentra en abandono, lo que afecta la imagen del país.

«También, el presidente debe explicar que dentro de las estipulaciones del contrato Aerodom se comprometió a invertir 250 millones de pesos con la construcción de una nueva terminal en Las Américas y no hemos visto absolutamente nada», reveló.

El dirigente señaló que la Comisión Aeroportuaria debe aclarar la base legal de sus acciones, ya que, según él, la forma en que ha manejado el contrato es una burla a la inteligencia del pueblo dominicano.

Reiteró que la Comisión no tiene facultad para sancionar y que lo correcto habría sido rescindir el contrato, dado que ni el contrato ni la ley de la Comisión, que data de 1978, contemplan la imposición de sanciones administrativas de cinco millones de dólares tras un apagón de más de nueve horas.

Finalmente, Lorenzo enfatizó que las denuncias del PLD se basan en informes oficiales del propio gobierno. «Lo ocurrido en Educación también fue denunciado con un informe titulado ‘solo para los ojos del presidente Luis Abinader’ y tampoco se ha hecho nada», concluyó.