Ministerio Público anuncia acuerdo por RD$3,000 millones con Max Montilla, cuñado de Danilo Medina

Max Montilla I Foto: fuente externa

El Ministerio Público informó que, dentro de una de las líneas investigativas de la Operación Antipulpo, obtuvo la homologación de un acuerdo en el que Maxy Gerardo Montilla Sierra y varias de sus empresas aceptan responsabilidad penal y autorizan el decomiso de unos RD$3,000 millones a favor del Estado dominicano.

Montilla deberá pagar RD$600 millones a las distribuidoras Edeeste, Edesur y Edenorte, además de cubrir los daños provocados por sus acciones. Adicionalmente, pagará a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.

También se establece la disolución de varias de sus empresas, incluyendo Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globale, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation, en un plazo máximo de dos años.

El convenio, respaldado por el criterio de oportunidad, fue presentado ante el tribunal por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y aprobado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Autoridades como Wilson Camacho, director general de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la decisión del tribunal como un avance en la lucha del Ministerio Público contra la corrupción administrativa y la impunidad, liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

El acuerdo contempla también el decomiso de un terreno de 200.18 m², ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

En representación de las empresas distribuidoras actuó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), mientras que Montilla y sus empresas contaron con la asistencia legal de Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

El Ministerio Público acusó que Montilla Sierra utilizó las empresas como vehículos para participar fraudulentamente en contrataciones públicas, violando las normativas que regulan los procesos estatales y logrando adjudicaciones ilícitas en detrimento del patrimonio público.