Ley deja a candidatos sin control financiero, lo que favorece financiamiento con dinero ilícito – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La actual Ley No. 20-23 de Régimen Electoral deja a los candidatos sin control financiero, lo que favorece la entrada de dinero ilícito en las campañas porque no están obligados a facilitar a la Junta Central Electoral (JCE) un listado de sus posibles donantes al momento de la proclama electoral, según señala un estudio técnico y crítico de Participación Ciudadana (PC).

De acuerdo al estudio, dicha ley solo obliga a los partidos, no a los candidatos, a presentar una nómina de posibles contribuyentes y una estimación de los fondos privados esperados.

«La normativa electoral vigente no incorpora régimen de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones relativas al reporte de finanzas de campaña. Esta ausencia de sanciones crean un clima de inmunidad a la rendición de cuentas para los candidatos e incentiva el subreporte de ingresos reales, la entrada de dinero de ilícito, la subordinación de la política a los intereses privados, inequidades en la competición electoral y una espiral de costos crecientes de campañas, más allá de los topes de gasto establecidos», señala el informe.

«Este mandato legal alude explícitamente sólo a los partidos, de manera que implícitamente los candidatos no están sujetos a la obligación de facilitar a la JCE un listado de sus posibles donantes al momento de la proclama electoral. En segundo lugar, la obligación de reportar la identidad y las cuantías de los aportes individuales que los candidatos reciben durante la campaña, no se hace explícitamente extensible como requisito a los informes de gastos e ingresos que la ley manda sean presentados una vez concluida la contienda. Por tanto, la ley no obliga a que los aspirantes a un cargo de elección popular informen a la JCE de la identidad de quién contribuyó efectivamente en la campaña ni en qué cuantía», resalta en la página 33.

Además de esta debilidad estructural, el estudio también señala un contexto donde el clientelismo y la compra de votos siguen siendo prácticas masivas. “Según hallazgos de LAPOP, República Dominicana es el país de la región donde el clientelismo electoral es más prevalente: durante el proceso electoral, a casi una cuarta parte de votantes le son ofrecidos beneficios a cambio de su voto y más de un tercio conoce alguien de quien solicitaron apoyo a cambio de dádivas”, subraya.

Participación Ciudadana alerta que sin reformas profundas y aplicación real de la normativa, la democracia dominicana seguirá atrapada en una espiral de desigualdad, clientelismo e impunidad, donde el financiamiento opaco debilita la representación legítima y fortalece los intereses privados sobre el interés público.

Ante este y otros desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:

• Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
• Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.
• Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.
• Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.

Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes”, que desarrolla Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.

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