EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La compra de votos y el clientelismo electoral continúan siendo prácticas masivas en República Dominicana, a pesar de estar prohibidas y castigadas por la ley. En ese sentido más de un tercio de votantes en el país conoce alguien de quien solicitaron apoyo a cambio de dádivas.
Así lo establece el estudio de técnico y crítico de Participación Ciudadana sobre las leyes 33-18 y 20-23, donde el organismo cita que según un estudio reciente basado en hallazgos de LAPOP. “República Dominicana es el país de la región donde el clientelismo electoral es más prevalente: durante el proceso electoral, a casi una cuarta parte de votantes le son ofrecidos beneficios a cambio de su voto y más de un tercio conoce alguien de quien solicitaron apoyo a cambio de dádivas”.
El fenómeno involucra a aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos durante la campaña electoral, lo que evidencia la magnitud del problema. «Estamos ante un fenómeno masivo en el que se ven involucrados en torno a 1.5 millones de ciudadanos durante la campaña».
Sin embargo, el informe denuncia una marcada desconexión entre la ley y la práctica política, pues “los casos tramitados en 2024 por la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales (PEDE) no alcanzan la veintena”.
En ese orden, el informe señala que esta brecha entre normativa y realidad obedece a varios factores, entre ellos “la inviabilidad material de aplicar la ley ante incumplimiento masivo que desborda las capacidades presentes y futuras de la autoridad electoral”, así como “la tipificación legal de la compra de votos como soborno del patrón político no adecuada a la naturaleza del fenómeno del clientelismo electoral” y “la permisividad generalizada más allá de la compra del voto que ocurre el día de la votación en los alrededores de los centros de votación”.
El estudio también detalla los elevados gastos reportados en campaña vinculados a estas prácticas clientelares. “Sólo en donaciones de efectivo para hogares y personas, fue invertida en campaña la suma de RD$ 460 millones”. A esta cifra se suman gastos en “alimentos y bebidas, material de construcción y reparación de viviendas (blocks, cemento, madera, zinc, etc.), mobiliario y electrodomésticos (camas, estufas, abanicos, etc.) y otros (útiles escolares, medicinas, calzado, fertilizantes, etc.)”, que en conjunto elevan el gasto potencial en compra de votos a “RD$ 600 millones”.
Asimismo, indica que «otro gasto potencial en clientelismo electoral lo constituye el desembolso en concepto de contratación de personal para la campaña, principalmente entre militantes del partido. Entre personal fijo, temporero y pago de horas extraordinarias, el monto reportado por los candidatos es de RD$ 126.5 millones».
La persistencia de estas prácticas y la escasa persecución judicial “revelan una desconexión profunda entre la ley, la práctica política y la capacidad del sistema para fiscalizar”, según alertan en el estudio.
Frente a estos y otros desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:
- Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.
- Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
- Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.
- Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.
- Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.
Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes”, que desarrolla Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.
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