Diputados acogen observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del TSE

Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados acogió este martes las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE), por lo que la iniciativa será remitida nuevamente al Ejecutivo para su promulgación.

La pieza legislativa, que ya fue aprobada por el Senado, tiene como objetivo regular el funcionamiento del TSE, definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Además, establece los requisitos para sus miembros, el régimen de incompatibilidades, las normas generales sobre el procedimiento contencioso electoral y la toma de decisiones del Tribunal, así como las facultades contenciosas electorales de las juntas electorales.

Las observaciones del Ejecutivo se enfocaron en varios artículos: el artículo 3, numeral 6; el artículo 7, párrafos I y III; el artículo 9; el artículo 12, numerales 2) y 12), y su párrafo VIII; el artículo 16, párrafo II; el artículo 20, numeral 4); y el artículo 32.

Asimismo, se sugiere la incorporación de nuevos textos que adapten el principio de gratuidad a la naturaleza de la jurisdicción electoral, sustituyendo la expresión “justicia constitucional” por “justicia electoral”.

Entre otros puntos observados por el Poder Ejecutivo están los relacionados con la competencia del TSE para conocer conflictos internos en organizaciones cívicas que postulan candidaturas independientes, impugnaciones de elecciones en colegios gremiales profesionales, y los plazos para acudir ante la jurisdicción electoral en casos donde se haya agotado la vía interna partidaria.

La Constitución dominicana, en su artículo 214, establece que “El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales, y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos o entre estos”.

Además, el TSE tiene la facultad de reglamentar, conforme a la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relacionado con su organización y funcionamiento administrativo y financiero.