Según el expediente, los hermanos Espaillat, administradores del emblemático local de la avenida Independencia, incurrieron en homicidio y lesiones involuntarias, delitos sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal. La acusación sostiene que la tragedia se produjo tras la sobrecarga del techo con equipos de climatización y tinacos de agua, instalados sin las debidas evaluaciones técnicas que aseguraran la capacidad estructural del edificio.
El documento también señala que los imputados desoyeron advertencias internas sobre el deterioro de la estructura y priorizaron el ahorro económico frente a las condiciones de seguridad.
Los acusados han rechazado las imputaciones y solicitan que peritos internacionales independientes examinen los restos del edificio, bajo custodia del Ministerio Público desde el siniestro.
La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.
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